Caso Sarayaku: el 20 de febrero se definirá el retiro de los explosivos.

Viernes, 11 de enero de 2013

Una nueva reunión tuvo lugar en la Gobernación de Pastaza el viernes, 11 de enero de 2013 para el seguimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida a favor de Sarayaku el 25 de junio de 2012.

Convocados oficialmente por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, asistieron a la cita delegados del Originario cabeza Pueblo de Sarayaku junto a su abogado defensor, Mario Melo e instituciones estatales como el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior a través del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Ministerio de Recursos No Renovables, ECORAE, entre otros.

Durante la jornada, la delegación del Pueblo de Sarayaku escuchó la presentación de las opciones propuestas por el GIR, para la neutralización, desactivación o retiro de la pentolita que fuera abandonada en el territorio de Sarayaku por la empresa petrolera CGC entre 2002 y 2003, las mismas que serán estudiadas por el Pueblo para las posteriores observaciones y contrapropuestas. En cualquiera de los casos, estas opciones deben ser consultadas y consensuadas con Sarayaku como dispuso la Corte en su sentencia.

Acorde a su estructura de gobernanza ancestral, el 20 de febrero de 2013 se celebrará, con la presencia de las carteras de estado designadas oficialmente, una asamblea en la Casa del Medio Día del Pueblo de Sarayaku, en la que participarán los sabios, yachaks, kurakas, líderes y lideresas del Pueblo de Sarayaku.

Sin embargo –advirtió José Gualinga, Tayak Apu del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku luego de finalizada la diligencia– se evidencia una profunda contradicción ya que la casi tonelada y media de pentolita que fue colocada por la compañía CGC para la exploración sísmica del Bloque 23, ahora se trata de extraer para cumplir la sentencia de la Corte, en medio de dificultades técnicas, altos costos y riesgos para la vida, mientras que simultáneamente se ha abierto una nueva licitación de bloques petroleros en la misma Región, para que otras empresas lleguen y siembren de explosivos el territorio de las nacionalidades indígenas.

Refiriéndose a la consulta previa que el gobierno ecuatoriano dice haber realizado a los pueblos indígenas afectados por la Ronda Sur Oriente de licitación petrolera, el Dr. Mario Melo, abogado de Sarayaku, expresó: “en mi criterio profesional, la socialización que ha realizado el Gobierno Nacional no cumple con los estándares jurídicos establecidos en la sentencia del caso Sarayaku. Las consultas realizadas por la Subsecretaría de Hidrocarburos se basan en el Decreto 1247, que no fue elaborado con participación de las comunidades indígenas, que impone un procedimiento único sin respetar los métodos tradicionales de los pueblos para toma de decisiones, que no busca llegar a un acuerdo o consentimiento de los consultados y que no es de buena fe porque no se basa en la entrega de información objetiva y verdadera sobre los impactos que va a tener la 11va. Ronda Petrolera sobre la naturaleza y la vida de los pueblos afectados. Por tanto esas consultas son nulas”.

Si existe una real voluntad estatal para el cumplimiento de la Sentencia, es tiempo de frenar la XI Ronda petrolera, entre otros puntos críticos, debido a la cantidad de explosivos que se pretende colocar durante las fases de exploración –infirió Franco Viteri, Presidente de CONFENIAE, tras ratificar el respaldo incondicional al Pueblo de Sarayaku–

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