Por Agencia EFE – hace 21 horas

San José, 7 jul (EFE).- El relator especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, afirmó hoy, en el marco de un juicio contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que los Estados deben consultar a los indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras.

Anaya, quien participó en la audiencia como perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que “cualquier decisión que va a afectar a los pueblos indígenas debe ser consultada”.

“Es complementario el deber de consultar a los pueblos indígenas con el desarrollo del Estado, no son contrapuestos. El desarrollo del Estado más bien se perjudica si no se acatan las normas de consulta y otros derechos de los pueblos indígenas”, expresó.

Anaya aclaró que sus apreciaciones son de carácter general y no se refieren necesaria o precisamente al caso de Ecuador.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, cumplió hoy el segundo y ultimo día de audiencia por una demanda contra Ecuador interpuesta por el pueblo indígena Kichwa Sarayaku, a raíz de una concesión de sus tierras a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para la exploración y explotación de petróleo en 1996.

La comunidad indígena afirma que no fue consultada ni informada sobre esa concesión y que en el año 2002 la empresa ingresó a su territorio con protección del Ejército para colocar 1,4 toneladas de explosivos como parte de las labores de exploración.

La dirigente femenina de Sarayaku Patricia Gualinga y el líder espiritual Sabino Gualinga, afirmaron el miércoles en la audiencia que algunos explosivos fueron detonados, pero la gran mayoría permanece enterrada en la zona, lo que supone un riesgo para los indígenas y un impedimento para sus labores de caza y recolección.

Además afirmaron que con esas detonaciones seres ancestrales de su cosmovisión han desaparecido, se destruyeron árboles sagrados y que con la lucha contra la petrolera se vieron afectadas festividades tradicionales y económicas del pueblo, integrado por 1.200 habitantes, y ubicado en la amazonía ecuatoriana, donde solo se puede ingresar por aire o vía fluvial.

El relator de la ONU comentó que en legislación internacional existe el derecho a la cultura, por lo que “si hay algún acto o proyecto que vaya a afectar esa cultura, el titular de ese derecho tiene necesariamente que ser consultado”.

Anaya hizo un llamado a los Estados para que consulten a los pueblos indígenas en etapas tempranas de los proyectos de desarrollo que necesitarán sus tierras y no cuando los diseños están terminados y hay contratos firmados con empresas, como ha sido la práctica reciente en el mundo.

El Estado ecuatoriano presentó hoy como perito al general del Ejército Óscar Troya, quien manifestó que la comunidad Sarayaku se ha negado a reunirse con autoridades del Gobierno para conversar sobre las medidas cautelares dictadas años atrás por la CorteIDH.

Además, afirmó que el pueblo ha gozado de libre tránsito por las vías fluviales desde 2005, pero reconoció que hubo ocasiones en años previos que las comunidades vecinas les cerraron el paso.

El general dijo que los informes del Ejército indican que nunca hubo un ingreso a las tierras de Sarayaku por parte de las Fuerzas Armadas para acompañar a la CGS.

 

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