Sarayaku, Abril 13 de 2002

Ing.
Pablo Terán
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
Quito

De nuestras consideraciones.

La Asociación de Centros Indígenas de Sarayaku (Pastaza), ante el agravamiento de la situación de constante violación de nuestros Derechos Colectivos por parte de las empresas petroleras, particularmente la Compañía General de Combustibles S.A. (Consorcio San Jorge), nos permitimos una vez mas poner en su conocimiento nuestra preocupación y decisión en torno a este hecho.

Sarayaku constituye uno de los asentamientos Kichwas históricos de mayor concentración poblacional y extensión territorial en la amazonía ecuatoriana. Nuestro pueblo está organizado en una Asociación de seis comunidades: Shiguakucha, Kali-Kali, Chunta Yaku, Sarayakillu, Centro Sarayaku y Teresa Mama, que en conjunto sumamos una población de alrededor de mil quinientos habitantes.

Como es conocido por la opinión nacional e internacional, en más de una década Sarayaku ha venido luchando por los derechos colectivos que como pueblo ancestral nos asiste y que, en actualidad lo reconoce la Constitiución ecuatoriana, siendo el más importante el derecho a mantener nuestros territorios, como garantía para la consolidación de nuestro pueblo en lo económico, cultural, social, político, ambiental y espiritual a través de las generaciones.

Aquello para nosotros significa el poder ejercer el derecho a organizar libremente, de constituir las vías y las estrategias adecuadas de acuerdo a nuestra cosmovisión y a nuestra forma de relación con las vidas del ambiente, en la solución de nuestras necesidades, y en la construcción de una vida deseable para nuestras familias, y sobre todo para nuestra infancia y las futuras generaciones.
En virtud de lo antedicho y conocedores de la trágica experiencia que nuestros pueblos hermanos del norte de la amazonía han vivido en los últimos treinta años, Como Sarayaku hemos asumido una posición claramente crítica frente a la actividad petrolera. En este contexto hemos planteado en una serie de oportunidades y eventos, nuestra firme oposición a que nuestro territorio se conviertan en el escenario ya conocido de desarticulación social y cultural de nuestro pueblo y la destrucción física y espiritual de nuestro territorio.
Esta nuestra posición lo planteamos en 1989 en ocasión de la incursión de la empresa Arco Oriente (hoy AGIP Ecuador), en donde suscribimos con el Estado ecuatoriano el “Acuerdo de Sarayaku”, cuyos compromisos en lo relativo al ámbito hidrocarburífero aún no se cumplen. En este mismo contexto dirigimos infructuosamente nuestro planteamiento al gobierno en 1990, para demandar el reconocimiento jurídico de nuestros territorios, la autonomía y el derecho a tomar decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. En 1992, en una histórica marcha a la Capital (Quito) obtuvimos el título sobre nuestro territorio, sin que el gobierno haya aceptado dialogar sobre la actividad petrolera en los mismos.
Durante la década de los noventa intentamos permanentemente a través de nuestra organización OPIP, sensibilizar al Estado a fin de discutir y alcanzar acuerdo democráticos sobre cambios sustanciales en la política petrolera en Pastaza y concretamente en los territorios indígenas, a fin de corregir los graves errores e injusticias practicadas en Sucumbíos, Orellana y Napo sin obtener resultados concretos. Al contrario el Estado reeditando las viejas prácticas colonialistas procedió la militarización del bloque 10, cuya producción actual es de 40 mil barriles diarios, sin que ni los pueblos indígenas ni la provincia resulten beneficiarios de dicha explotación.
En 1996, el Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador estableció un contrato con la Compañía General de Combustibles S.A (Consorcio CGC San Jorge) de la república de Argentina, para desarrollar actividades de exploración y explotación petrolera en el Bloque 23 ubicado en territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas de la Provincia de Pastaza. En esta ocasión tampoco hubo un solo gesto de respeto a los habitantes originarios de los territorios involucrados, ya no que hubo la menor voluntad de informar, mucho menos de consultar o considerar nuestros puntos de vista como afectados directos de este proyecto.
El Bloque 23 afecta 200.000 hectáreas de bosque primario en territorios históricos de los pueblos indígenas, el 85 % de esta área es territorio kichwa, siendo la mayor parte el territorio de Sarayaku que aparece en el centro del bloque 23. Los otros territorios afectados son: Achuar en un 10 % y Shuar en un 5 %.
En los últimos seis años, la ambición empresarial sumada a la anuencia del Estado y sus instituciones, han propiciado el establecimiento en nuestros territorios de un régimen de inseguridad, y de agresión creciente de nuestros derechos en donde la misma Constitución de 1998 (que reconoce Derechos Colectivos) resulta burlada.
En este contexto, Sarayaku ha venido siendo víctima de un permanente acoso y agresión racista por parte de la empresa CGC y su consultora de “relaciones comunitarias” DAIMY SERVICE S.A. Quienes con el objetivo de convencer a ultranza a los habitantes de Sarayaku y otras comunidades de la cuenca del Río Bobonaza sobre las supuestas bondades de la explotación petrolera, se hallan ejecutando perversos métodos que consiste en: convencimiento vía soborno a miembros de las comunidades, simulacros de consulta a las comunidades, ofrecimientos demagógicos de solución total de las necesidades, campañas de desinformación para propiciar confusión y conflictos y rupturas en las familias y división de las comunidades, entre otras artimañas perfeccionadas en tres décadas de expolio de los territorios indígenas. Estas acciones la empresa CGC se halla ejecutando pese a que en una serie de ocasiones ha hecho el compromiso de respetar la voluntad de la Asociación de Sarayaku.
Estos hechos lesionan nuestro derecho a vivir en paz. Contravienen principios postulados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT entre otros instrumentos jurídicos. Por ello denunciamos que en Pastaza y en nuestro territorio de Sarayaku en particular, la empresas petroleras se hallan ejecutando una estrategia institucional orientada a la desarticulación de las bases y estructuras fundamentales de la sociedad y cultura kichwa, con el objetivo de ocupar nuestro territorio y explotar el petróleo controlando cualquier factor de conflicto que pueda afectar sus intereses privados.
Estamos profundamente preocupados por la existencia de este plan etnocida, cuyas acciones explícitas se han agudizado en los últimos días, con el inicio inminente de la fase de exploración y perforación. Igualmente nos preocupa que, no obstante nuestras constantes denuncias, las autoridades provinciales y nacionales mantengan total indiferencia ante la escalada de la agresión que vivimos las comunidades indígenas por parte de multinacionales petroleras privadas.
Ante este hecho la Asociación de Sarayaku hace conocer su decisión:
1.    Nos declaramos en Estado de Emergencia en todo el territorio ancestral de Sarayaku, a fin de luchar con todos los medios que nos faculta nuestra condición de pueblo ancestral y los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales vigentes.
2.    Planteamos a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador la inmediata suspensión de actividades que directa e indirecamente realiza la Empresa CGC y DAYMI SERVICES S:A: y su salida inmediata del territorio kichwa de Sarayaku.

3.    Responsabilizar al Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y CGC, cualquier conflicto o situaciones lamentables que ocurran a partir de la presente fecha tanto a miembros de comunidades indígenas y elementos extraños a nuestros territorios.
4.    Defendemos nuestro derecho a optar en libertad el modelo económico mas adecuado a nuestra identidad y sistemas de manejo y relación con nuestro territorio.
5.    El Pueblo de Sarayacu y las comunidades de base están dispuestas a luchar y hacer respetar la vigencia de nuestros derechos dentro de nuestras Circunscripción Territorial Indígena (CTI) y el carácter autónomo de la misma.
6.    Nos oponemos rotundamente a la pretendida convocatoria de la Novena Ronda de Licitaciones Petroleras, por cuanto a mas de ser inconsulto, perturba la existencia y desarrollo armónico de los pueblos indígenas y compromete Circunscripciones Territoriales de todas las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Pastaza.
Seguros de vuestra atención a nuestra preocupación y el respeto a nuestras comunidades me suscribo de usted.
Atentamente,
Franco Viteri
PRESIDENTE DE SARAYAKU
CC.
PRESIDENTE DE PETRO ECUADOR. Ing. Rodolfo Barniol
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Lcdo. Iván Narváez
MINISTRA DEL AMBIENTE. Dra. Lourdes Luque
GERENTE DE LA CGC. Ing. Ricardo Nicolás
GERENTE DE DAIMI SERVISE. S.A. Dr. Milton Ortega
PRESIDENTE DE LA CONAIE. Sr. Leonidas Isa

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