Estado actual de la jurisprudencia de la Corte interamericana relativa a derechos de los pueblos indígenas. Han llegado pocos casos relativos a derechos de los pueblos indígenas o tribales ante la Corte IDH: solamente una quincena de sentencias frente a los cerca de 130 casos contenciosos que ha conocido la Corte desde 1987 (Estos casos han constituido para el Tribunal la oportunidad para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de especificidades culturales de sociedades tradicionales.

De esta quincena de fallos emitidos por la Corte relativas a violaciones de derechos de pueblo indígenas o tribales, solamente seis se han referido a derechos territoriales de estos pueblos. Sobre la base del “derecho a la propiedad privada” enunciado en la Convención, la Corte ha desarrollado el derecho de los integrantes de los pueblos tradicionales a sus territorios ancestrales. Así, ha afirmado el derecho de éstos a ser reconocidos como propietarios de sus tierras ancestrales y de los recursos naturales tradicionalmente utilizados que se encuentran en las mismas. Esa jurisprudencia resultó, de una parte, en la afirmación del derecho a la restitución de territorios de los pueblos que fueron ilegalmente desposeídos, y, por otra parte, en condiciones suplementarias para poder llevar a cabo una expropiación. De este modo, si los Estados quieren explotar recursos naturales en territorios indígenas, están obligados a realizar estudios previos de impacto medioambiental y social, de consultar al pueblo interesado con el objetivo de obtener su consentimiento, y de compartir los beneficios. Además, cuando se trata de proyectos a gran escala, que puedan tener un mayor impacto en el territorio, los Estados están obligados a obtener el consentimiento de la comunidad indígena.

El caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku y su potencial para permitir una consolidación de la jurisprudencia. El examen de este caso por la Corte interamericana reviste gran importancia, ya que podría permitir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos precisar y reforzar su jurisprudencia sobre derechos de pueblos indígenas y tribales a sus territorios ancestrales.

Importancia del presente caso dada la coyuntura de explotación de recursos en territorios ancestrales. Desafortunadamente, el caso del Pueblo de Sarayaku por preservar su territorio y asegurar su supervivencia no es el único en el continente americano. Por el contrario, el mismo ejemplifica la lucha de los pueblos ancestrales en las Américas frente a la omnipresencia de empresas que explotan los recursos naturales o que llevan a cabo megaproyectos, como la construcción de presas o carreteras, afectando gravemente dichos territorios.

No hay que olvidar que los Estados, únicos que pueden ser sancionados por la Corte Interamericana, son internacionalmente responsables frente a la misma si no cumplen con sus obligaciones frente a actividades realizadas en territorios indígenas por empresas privadas. En este sentido, el dictamen de la Corte en el caso Sarayaku podría tener un impacto, no sólo en cuanto a las obligaciones de Ecuador, sino también de los demás Estados partes a la Convención Americana, para respetar los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Reafirmación de la obligación de obtener consentimiento libre, previo e informado

Precisamente, una de las condiciones que debería imponer la Corte en el presente caso, más allá de la simple consulta a la comunidad, es la obtención de su consentimiento libre, previo e informado, puesto que se trata de un proyecto extractivo que tiene un impacto significativo en el bienestar y derechos del Pueblo de Sarayaku. Por tanto, el caso podría servir a la Corte Interamericana para ahondar en el alcance de este derecho.

La obligación de consultar está siendo criticada por los Estados porque según ellos constituye un freno a su “desarrollo”. Sin embargo, es indispensable considerando que los territorios son la base de la supervivencia de los pueblos indígenas y tribales. Un estudio del Relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a las consecuencias de los proyectos de desarrollo a gran escala sobre los derechos de las comunidades indígenas, observa que como consecuencia de estas actividades, los pueblos indígenas son víctimas de “profundos cambios sociales y económicos que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. Los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A veces los efectos serán beneficiosos, muy a menudo devastadores”. El Relator, en su informe referente a su visita a Ecuador en 2006, recomendaba que las concesiones concedidas a empresas petrolíferas fueran revisadas.

Lea la Sentencia del CASO SARAYAKU por parte de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos Sentencia Caso Sarayaku