En 1996, el país firmó un contrato con la empresa para la exploración y explotación petrolera en un bloque de tierra que se encuentra en el territorio sarayaku. El convenio no se consultó a la comunidad indígena, manifestó Santi.
Por eso, la demanda busca crear precedentes para que el Estado realice una consulta previa antes de efectuar la explotación petrolera en las comunidades indígenas.
Según denunciaron los sarayaku ante la Corte, las actividades de la petrolera implicaron la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, la construcción de helipuertos y campamentos.
La audiencia continúa hoy con la entrega de testimonios.
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