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Una nueva Constitución: ¿renovación o amenaza?

Lo que los pueblos originarios del Ecuador deben saber

El próximo 16 de noviembre, el Ecuador decidirá si quiere o no una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. La pregunta parece simple, pero sus consecuencias son profundas. Si gana el “Sí”, todo el sistema político y jurídico del país podría cambiar. Esto incluye los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado que fueron reconocidos en la Constitución del 2008.

Para el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, viene luchado durante décadas por la defensa del territorio, la consulta previa, libre e informada y el respeto a la Madre Tierra, esta votación no es un simple trámite electoral: es una decisión sobre su futuro como pueblo.

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¿Qué propone la consulta popular?

La pregunta más importante de esta consulta busca saber si la ciudadanía está de acuerdo en convocar a una Asamblea Constituyente. Esa Asamblea estaría formada por 80 representantes elegidos por votación. Ellos tendrían el poder de escribir una nueva Constitución, la cual reemplazaría a la actual de 2008.

El documento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) explica que esta Asamblea duraría unos seis meses y podría prorrogarse un poco más. Una vez que terminen de redactar la nueva Constitución, el texto sería sometido a otro referéndum para su aprobación final.

En otras palabras, si gana el “Sí”, el Ecuador iniciará un proceso de redefinición del Estado que podría afectar derechos existentes.

⚠️ Riesgos para los pueblos originarios y la Amazonía

Aunque el discurso oficial habla de “renovar el pacto social” y “dar voz al pueblo”, existen riesgos serios para los pueblos y nacionalidades indígenas:

Posible eliminación de derechos colectivos:

La Constitución de 2008 reconoce derechos logrados con años de lucha: la consulta previa, la propiedad colectiva de territorios ancestrales, y el reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural.
Nada garantiza que una nueva Asamblea mantenga estos principios. Podría incluso eliminarlos o debilitarlos.

Desaparición de los derechos de la naturaleza:

Los artículos 71 al 74 de la Constitución reconocen a la Pachamama como sujeto de derechos. Esta idea nació de la lucha de los pueblos amazónicos, incluido Sarayaku. Si se cambia la Constitución, esta conquista podría desaparecer y abrir paso nuevamente a la explotación sin límites de petróleo, minería y otros recursos.

Falta de representación indígena real:

En el Estatuto de la Asamblea Constituyente, cada provincia tendría un representante. En el caso de Pastaza, donde está Sarayaku, solo habría un asambleísta, lo que hace casi imposible que los pueblos amazónicos tengan voz directa en las decisiones.

Pérdida de soberanía sobre los territorios:

Una nueva Constitución podría volver a poner los territorios indígenas bajo control directo del Estado, justificando concesiones petroleras o mineras en nombre de la “seguridad nacional” o del “interés económico”.

Riesgo de desconocer compromisos internacionales:

Un punto crítico es que la Constitución de 2008, artículo 417, reconoce que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía superior a las leyes nacionales. Gracias a ello, el Estado debe cumplir fallos como el del caso “Sarayaku vs. Ecuador” (Corte IDH, 2012), que protege la consulta previa y los territorios indígenas. Si una nueva Constitución elimina o debilita esa jerarquía, el país podría dejar de acatar plenamente esas obligaciones, poniendo en riesgo derechos ya reconocidos.

Amenaza a la justicia indígena:

El artículo 171 de la actual Constitución garantiza que las autoridades de los pueblos y nacionalidades ejerzan funciones de justicia dentro de sus territorios, conforme a sus tradiciones y normas propias.
Este principio de pluralismo jurídico permite resolver conflictos comunitarios de manera autónoma y conforme a la cosmovisión indígena.
Una nueva Constitución podría redefinir o limitar esta facultad al concentrar la administración de justicia bajo un único sistema estatal, debilitando la autonomía y el reconocimiento de las jurisdicciones ancestrales, a pesar de lo que protege el Convenio 169 de la OIT (art. 8 y 9).

Retrocesos en educación, salud y trabajo:

Aunque estos temas parecen ajenos al debate territorial, son fundamentales para los pueblos originarios.
La educación pública intercultural bilingüe (art. 26 y 28) es clave para mantener la lengua y la identidad cultural.
El derecho a la salud (art. 32) garantiza un sistema que respete las prácticas y saberes tradicionales, y el derecho al trabajo (art. 33) reconoce el valor del trabajo comunitario y agrícola como base del buen vivir (Sumak Kawsay).
Si una nueva Constitución redefine el rol del Estado en estos ámbitos o reduce su responsabilidad, podría limitar el acceso a servicios esenciales en comunidades rurales y amazónicas, profundizando las desigualdades históricas.

¿Qué puede pasar si gana el “Sí”?

  • Se formará una nueva Asamblea Constituyente con amplios poderes.
  • Se suspenderán temporalmente muchas funciones políticas mientras se redacta la nueva Constitución.
  • Podría redefinirse la plurinacionalidad, la consulta previa y los derechos de la naturaleza.
  • Los pueblos amazónicos, por su poca población, tendrían mínima representación y poca voz frente a los grandes partidos nacionales.

Para los pueblos indígenas, esto puede significar volver a los tiempos en que las decisiones sobre el territorio se tomaban sin consulta, abriendo nuevamente la puerta a la explotación petrolera o la militarización en nombre del “progreso”.

Por qué votar “NO” puede ser una defensa de la vida

Votar “NO” es defender los derechos que el movimiento indígena consiguió con sacrificio.
La Constitución de 2008 fue el fruto de la lucha de cientos de comunidades y organizaciones que lograron incluir los principios de Sumak Kawsay, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza.
Decir NO significa proteger esa lucha histórica y exigir que se cumpla, en lugar de arriesgarla en una nueva Asamblea donde los pueblos podrían quedar fuera.

El Pueblo Kichwa de Sarayaku ha enseñado al mundo que la tierra no se vende, se defiende. Hoy esa defensa también se hace en las urnas.
Antes de votar, recordemos que una nueva Constitución puede ser usada para borrar la historia y los derechos conquistados con esfuerzo.
Por eso, informarse, debatir y votar con conciencia es una forma de cuidar la vida, la selva y el futuro de las próximas generaciones.

¿La Asamblea Constituyente puede cambiar todo?

Sí. Tendrá poder para eliminar o modificar cualquier artículo, incluso los que protegen los derechos indígenas o de la naturaleza.

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¿Habrá representantes indígenas asegurados?

No. El Estatuto no garantiza escaños para pueblos y nacionalidades; solo se elige por provincias y listas de partidos.

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¿Por qué la Constitución actual sigue siendo importante?

Porque fue la primera en reconocer que el Ecuador es plurinacional y que la Pachamama tiene derechos propios.

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¿Qué pasa con la consulta previa?

 Podría redefinirse o desaparecer, permitiendo proyectos petroleros o mineros sin permiso de las comunidades.

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¿Qué significa votar “NO”?

 Significa defender los derechos que ya existen y que protegen la vida, el territorio y la identidad de los pueblos originarios.

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Para conocer más

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