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Por: Roberto Narváez y Jessica Gifford, Fundación Pachamama

El gobierno de Rafael Correa, en sus inicios, mantuvo un discurso muy alternativo, en el que proponía un nuevo modelo económico basado en el Buen Vivir. Con el transcurso de su mandato, ese discurso cambió, hasta llegar a configurarse como un discurso que mantiene en su totalidad el modelo extractivista.

En los últimos cuatro años, se ha desarrollado legislación en torno a la minería y se ha reformado la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de garantizar para el Estado ecuatoriano la mayor cantidad de recursos económicos de estas actividades, respaldado en un discurso de soberanía y de intereses nacionales.

Así, con un marco legal adecuado a los intereses y necesidades económicas del país, se está procediendo a ampliar la frontera extractiva en el centro sur de la Amazonía. Esta ampliación extractiva ha iniciado con la firma del contrato a la empresa minera china Ecuacorrientes, cuya actividad ha sido ilegal y ha violado varios de los mandatos constitucionales, principalmente el Mandato Minero, en relación a que afecta a fuentes de agua. La Contraloría General del Estado, ha encontrado al menos 17 observaciones que hacen dar cuenta de un irrespeto a la legislación ecuatoriana y una inacción por parte de las autoridades ambientales y técnicas.

Adicionalmente, durante el 2011 se hicieron varios anuncios sobre el inicio de los procesos licitatorios para abrir 21 nuevos bloques petroleros en la Amazonía centro sur, espacio territorial donde se desenvuelven 7 nacionalidades indígenas, y que verían afectado su ambiente y formas de vida tradicional.

Desde diciembre del año anterior, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) viene convocando una protesta nacional en defensa de los principios de la Constitución de Montecristi. Los cinco objetivos de la marcha son: 1) la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas; 2) una revolución agraria para cuyo inicio es urgente la aprobación de la Ley de tierras y la realización de la reforma agraria, tomando como base la soberanía alimentaria; 3) el cambio del modelo minero-extractivista que hoy se impone por un nuevo modelo, el del Buen Vivir-Sumak Kawsay; 4) la no aceptación de nuevos impuestos que afecten a los pequeños propietarios y productores; y, 5) el cese inmediato de la criminalización de la protesta social y la anulación de los juicios por sabotaje y terrorismo a los 194 líderes y lideresas comunitarias.

En este marco, la CONAIE y otras organizaciones sociales que defienden el agua, los territorios indígenas y están en contra de un modelo de desarrollo extractivista, iniciaron una marcha desde la ciudad amazónica de El Pangui (provincia de Zamora Chinchipe) el 8 de marzo y recorrerán el país, sumando organizaciones y movimientos de defensa de la vida, y tienen previsto arribar a la ciudad de Quito el 22 de marzo, para exponer al país y al gobierno una propuesta alternativa que se resume en la defensa de los territorios ancestrales, en la defensa de los últimos bosque prístinos en la Amazonía ecuatoriana y de los recursos hídricos que se verían afectados por la mega minería y actividad petrolera.

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